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La Audiencia Nacional duplica las condenas a los creadores de Arbistar, la plataforma cripto que estafó a miles de inversores

marzo 20, 2026
Edificio de las salas de juicio de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional de España ha duplicado las penas de cárcel para los dos creadores de Arbistar, la plataforma de inversión en criptomonedas que entre 2019 y 2020 defraudó a miles de personas. La resolución, difundida el jueves 19 de marzo, los condena además por organización criminal.

De 8 a 16 años y medio de prisión

El tribunal eleva de 8 a 16 años y seis meses la pena del principal acusado, identificado como Santiago F. J., y de 6 a 11 años y seis meses la de su socio Diego Felipe F. N., informó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así estimó en parte los recursos de la Fiscalía y de las acusaciones.

La primera sentencia, dictada en septiembre por la Sección Tercera, los había absuelto del delito de organización criminal. Ahora, la Sala de Apelación rechaza los recursos de los condenados y mantiene la absolución de otras cuatro personas y tres sociedades que también fueron juzgadas.

Los dos fundadores deberán indemnizar a las 9.494 personas incluidas en el listado aportado por la Fiscalía, en cantidades que se fijarán en la fase de ejecución de la sentencia. Arbistar tenía su sede en el sur de Tenerife, según la agencia EFE.

Un «bot» que no existía

Según los hechos probados, los acusados crearon y dirigieron un entramado societario que ofrecía inversiones en criptomonedas mediante un supuesto sistema automatizado de arbitraje llamado «Community Bot». Se presentaba como un programa capaz de generar altas rentabilidades estables operando entre distintos mercados.

La promesa atrajo a decenas de miles de inversores, que transferían sus bitcoins a direcciones controladas por Arbistar. Pero los informes periciales y policiales demostraron que «el Community Bot no existía como sistema automatizado operativo» y que las ganancias que veían los usuarios en sus cuentas «eran meramente aparentes».

Moneda simbólica de bitcoin sobre el teclado de una computadora portátil
Los inversores transferían sus bitcoins a direcciones controladas por Arbistar. Imagen ilustrativa. Foto: Satheesh Sankaran / Wikimedia Commons, CC BY 2.0

El sistema funcionaba, en realidad, como un esquema en el que el dinero de los nuevos inversores servía para aparentar pagos a los anteriores, sin respaldo en actividad económica real. La captación se apoyaba en eventos, redes sociales, líderes de captación y contratos digitales, detalló el CGPJ.

Una estafa «singularmente agravada»

La sentencia de instancia no aplicó el tipo agravado de estafa porque no se acreditó que algún perjuicio individual superara los 50.000 euros. La Sala de Apelación corrige ese criterio y recuerda que, en delitos continuados contra el patrimonio, la ley obliga a tener en cuenta el perjuicio total causado.

Los magistrados señalan que, incluso en el cálculo más favorable a los acusados, el perjuicio global supera en más de 200 veces el umbral de 250.000 euros, y que podría multiplicarlo por más de 600 según la cotización del bitcoin en el momento del colapso.

Que cada perjudicado esté por debajo de 50.000 euros «no puede convertirse en un factor de disminución de la respuesta penal», advierte el fallo, precisamente cuando la captación masiva multiplica el daño total hasta «cifras de decenas o centenares de millones».

Un tercer responsable en rebeldía

La primera sentencia descartó la organización criminal porque solo había dos condenados, y la figura exige al menos tres personas. La Sala, con ponencia del magistrado Enrique López, tuvo en cuenta que existe un tercer procesado en rebeldía al que los hechos probados atribuyen un papel directivo en Arbistar.

«El Tribunal Supremo ha establecido de forma constante que no es necesario que todos los integrantes de la organización criminal estén identificados, acusados o sentenciados», subraya la resolución, siempre que se acredite una estructura real de más de dos personas.

Vista general de la costa de Adeje, en el sur de Tenerife
Costa Adeje, en el sur de Tenerife, zona donde tenía su sede la empresa Arbistar. Foto: Marc Ryckaert (MJJR) / Wikimedia Commons, CC BY 3.0

La abogada Conchi Viera, que representa a casi 2.000 afectados, dijo a EFE que el fallo es «el reconocimiento judicial más claro hasta ahora de la gravedad del fraude» y que «sienta un precedente muy importante en estafas con criptoactivos». Ahora, añadió, el reto es lograr una reparación «real y efectiva».