
Las autoridades dominicanas extraditaron a Estados Unidos a dos ciudadanos dominicanos requeridos por la justicia de ese país por cargos que incluyen asociación para cometer robo, porte de armas de fuego, fraude electrónico y lavado de activos, informó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en un comunicado difundido el sábado 21 de febrero.
Quiénes son los extraditados
Los entregados son Cristian Abreu, alias «Chapo», y Louis Junior Rodríguez Serrano, también identificado como Lowi Junior Rodríguez Marte, según la DNCD. Ambos fueron trasladados bajo custodia de unidades especiales al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG).
Allí fueron puestos en manos de oficiales estadounidenses, que los condujeron en un vuelo hacia territorio norteamericano. La entrega se realizó a través de la Procuraduría General de la República (PGR), en coordinación con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), informó Diario Libre.
Como toda persona acusada, ambos se presumen inocentes y tendrán la oportunidad de defenderse ante los tribunales estadounidenses que los reclaman.
Los cargos que enfrentan
Según el comunicado, Abreu es requerido para responder por cargos de asociación delictuosa para cometer robo, complicidad y uso, porte y posesión de armas de fuego, en presunta violación de varios artículos del Código de Estados Unidos.
Rodríguez Serrano, por su parte, enfrenta acusaciones ante la Corte del Distrito de Nueva Jersey por presunto fraude electrónico, fraude por correo postal y lavado de activos, de acuerdo con Listín Diario.

Las autoridades dominicanas no ofrecieron más detalles sobre los hechos concretos que se les atribuyen ni sobre las fechas en que habrían ocurrido. Los expedientes quedarán ahora en manos de los fiscales federales estadounidenses.
Autorizados por decreto
La extradición fue autorizada mediante los decretos del Poder Ejecutivo números 53-26 y 41-26, que disponen la entrega formal de ambos para que enfrenten los procesos judiciales correspondientes, indicó la DNCD.
En el sistema dominicano, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia es la instancia competente para conocer las solicitudes de extradición y puede ordenar la prisión del requerido mientras se decide. Una vez aprobada, la entrega debe ser autorizada por el Poder Ejecutivo.
Las extradiciones hacia Estados Unidos se rigen por el tratado bilateral firmado en 2015, que entró en vigor en diciembre de 2016 y sustituyó al acuerdo de 1909, según el Ministerio de Relaciones Exteriores. Las solicitudes se tramitan por la vía diplomática.
Antes de su entrada en vigor, el Tribunal Constitucional examinó ese tratado y lo declaró conforme a la Constitución mediante la sentencia TC/0191/15. Desde entonces, las solicitudes pendientes del régimen anterior siguieron tramitándose bajo el acuerdo de 1909.
Decenas de fugitivos entregados cada año
La DNCD afirmó que estas acciones forman parte del fortalecimiento de las operaciones de búsqueda y captura de fugitivos internacionales, en el marco de la cooperación bilateral contra el narcotráfico y el crimen transnacional.
Según el balance oficial de 2025 publicado por la Presidencia, con el apoyo de los U.S. Marshals el país logró extraditar y deportar a unos 84 fugitivos de la justicia internacional ese año. Las autoridades también reportaron la incautación de más de 31 toneladas de drogas en operaciones nacionales.

En ese mismo balance, la DNCD informó del arresto de 46,367 personas y del decomiso de 404 armas de distintos calibres, 18 embarcaciones y más de 2,000 vehículos durante sus intervenciones de 2025.
De acuerdo con datos de la DNCD citados por El Nacional, el país había extraditado y deportado a 337 personas en cuatro años. Los reclamados eran requeridos por Estados Unidos, Puerto Rico y varias naciones europeas por narcotráfico, homicidios, fraudes, falsificaciones y secuestros, entre otros delitos.
La misma institución ha señalado que en cárceles dominicanas permanecen decenas de personas solicitadas en extradición por distintos países, que serán entregadas a medida que concluyan sus procesos en el país.
