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Ministerio Público pide enviar a juicio de fondo a los hermanos Espaillat por el colapso del Jet Set

abril 6, 2026
Edificio de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana, en Santo Domingo

El Ministerio Público solicitó este lunes 6 de abril que los hermanos Antonio y Maribel Espaillat López, propietarios de la discoteca Jet Set, sean enviados a juicio de fondo por el desplome del techo del establecimiento, que causó la muerte de 236 personas en abril de 2025.

La acusación

Los fiscales Emmanuel Ramírez, Miguel Collado y Rosa Ysabel presentaron ante el juez Reymundo Antonio Mejía Zorrilla, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, un resumen del expediente acusatorio, que tiene 156 páginas, informó Diario Libre.

El órgano acusador pidió además mantener las medidas de coerción contra los imputados y la inmovilización de sus productos bancarios y de sus bienes muebles e inmuebles, para garantizar su disponibilidad en beneficio de las víctimas y los actores civiles del proceso.

Según el expediente, los hermanos Espaillat habrían incurrido en homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarios, conductas previstas en los artículos 319 y 320 del Código Penal. En la audiencia, el Ministerio Público presentó 84 pruebas testimoniales, 35 periciales, 40 documentales, 5 materiales y 179 actuaciones procesales, de acuerdo con el portal Proceso.

Edificio de fachada roja en la avenida Independencia de Santo Domingo
-wuppertaler / Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Remodelaciones sin planos estructurales

Al leer las causas del colapso, el fiscal Collado sostuvo que «la conducta negligente e imprudente» de los acusados propició el desplome, al contratar a personas no especializadas para corregir las filtraciones del techo.

Según el relato fiscal recogido por Acento, la discoteca fue objeto de múltiples intervenciones sin planos estructurales adecuados. En levantamientos técnicos posteriores se identificó una columna que luego fue eliminada por decisión de uno de los acusados, lo que, de acuerdo con la acusación, comprometió la estabilidad del edificio.

Collado afirmó también que un estudio estructural iniciado en 2014 por un ingeniero especializado quedó en apenas un 10 % de avance, después de que los responsables desistieran del proceso. A su juicio, eso impidió detectar posibles fallas en la estructura.

La acusación menciona otras remodelaciones posteriores, como la construcción de áreas VIP, sistemas de iluminación, cambios en la pista de baile y un escenario, sin garantizar los estándares técnicos. Según el Ministerio Público, la discoteca, fundada en 1973, operaba como una empresa familiar controlada por los imputados.

El fiscal sostuvo que desde 2015 era evidente una conducta de negligencia e imprudencia en el manejo de la infraestructura, y que las remodelaciones y ampliaciones se hicieron al margen de normas como el decreto 576-06 sobre reglamentos de edificaciones y la Ley 160-21. El expediente menciona además conflictos previos con vecinos por contaminación sónica, que llegaron a las autoridades ambientales.

Un juez que busca evitar dilaciones

Antes de la lectura, el juez rechazó varios pedimentos incidentales, entre ellos el de los abogados del Ministerio de Obras Públicas y del Ayuntamiento del Distrito Nacional, que pedían aplazar la vista. «Yo no puedo dejar que esto llegue a diciembre, ¡por Dios!», dijo Mejía Zorrilla, al sostener que ambas instituciones habían sido debidamente notificadas.

El magistrado emitió además el auto núm. 057-2026, con el que acogió de forma parcial una solicitud de la defensa para realizar un peritaje técnico independiente, con un plazo de 30 días hábiles. Aclaró que la medida busca la igualdad entre las partes y no implica un prejuzgamiento sobre la culpabilidad de los acusados.

Próxima audiencia y antecedentes

El juez recesó la audiencia hasta el lunes 20 de abril, para dar oportunidad a los terceros civilmente demandados y a los nuevos querellantes de conocer la acusación. La primera audiencia preliminar del caso se celebró el 12 de enero y la segunda, el 16 de marzo.

Los hermanos Espaillat enfrentan el proceso en libertad. En agosto de 2025, la Corte rechazó variar la coerción que se les impuso, que consiste en una garantía económica de 50 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país. Los querellantes y el Ministerio Público pedían prisión preventiva.

El miércoles 8 de abril se cumple un año del desplome, ocurrido durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, quien también murió en la tragedia.